El 12 de noviembre de 2026 la Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, y derogó el 28/2026, que nunca llegó a aplicarse. Hasta el 31 de diciembre de 2027, la renta no puede subir más de un 2 % si no hay un nuevo pacto, y nada si supera el índice de referencia. Los inquilinos de vivienda habitual al corriente de pago cuyo contrato esté llegando a su fin pueden pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Las prórrogas de cinco o siete años que preveía el decreto derogado no existen.
El 12 de noviembre de 2026, la Diputación Permanente del Congreso, que actúa mientras las Cortes están disueltas, votó los dos decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado el 6 de octubre. Convalidó el Real Decreto-ley 29/2026, de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda, que está en vigor desde el 8 de octubre. Y derogó el Real Decreto-ley 28/2026, el de las prórrogas largas de los alquileres, que iba a entrar en vigor el 15 de noviembre y no llegó a aplicarse. Las dos resoluciones se publicaron en el BOE del 13 de noviembre.
En esta guía de Asesoría Amela explicamos qué cambia de verdad para inquilinos y propietarios de vivienda, y qué no. Las referencias son a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en la redacción que le da el Real Decreto-ley 29/2026. Muchas de sus reglas dependen de la fecha del contrato: lo indicamos en cada caso.
Lo que no cambia: no hay prórrogas de cinco o siete años
El decreto derogado preveía prórrogas obligatorias sucesivas de cinco años (siete si el propietario es una persona jurídica), un preaviso de seis meses para no renovar y una indemnización al inquilino. Como nunca entró en vigor, nada de eso se aplica. Sigue vigente el régimen de siempre (art. 10 LAU):
- Cumplidos los cinco años de contrato (siete si el arrendador es una persona jurídica), si nadie avisa, el contrato se prorroga por años hasta tres años más. Durante esa prórroga, el inquilino puede no renovar al final de cada anualidad avisando con un mes de antelación.
- Para no renovar, el propietario debe avisar con cuatro meses de antelación y el inquilino, con dos.
- Si el inquilino es vulnerable y el propietario es un gran tenedor, el inquilino puede pedir además una prórroga extraordinaria de un año (art. 10.2 LAU).
Cuánto puede subir la renta
Para las actualizaciones anuales que toquen entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 hay un tope extraordinario (disposición final sexta del Real Decreto-ley 29/2026):
- Si la renta supera el límite máximo del sistema estatal de índices de precios de referencia, no puede subir. El decreto no aclara cómo se aplica este límite fuera de las zonas tensionadas, así que conviene revisarlo caso a caso.
- En los demás casos, la subida es la que pacten de nuevo las partes. Si no hay un nuevo pacto, no puede pasar del 2 %. Además, el art. 18.1 LAU mantiene «en todo caso» el tope del índice IRAV.
Se aplica a todos los contratos de vivienda sujetos a la LAU, sea el propietario un particular o una empresa. Después de ese periodo sigue rigiendo el tope del IRAV (art. 18.1 LAU), también en los contratos firmados antes de la Ley 12/2023. Y la renta solo se actualiza si el contrato lo prevé.
La prórroga extraordinaria de hasta dos años
La disposición final quinta permite al inquilino pedir una prórroga extraordinaria por plazos anuales, hasta dos años más, con las mismas condiciones del contrato. El propietario tiene que aceptarla si se cumplen los requisitos:
- Contrato de vivienda habitual vigente el 8 de octubre de 2026 cuya prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028, o cuya prórroga tácita (art. 10 LAU) o tácita reconducción (art. 1566 del Código Civil) esté terminando.
- Estar al corriente de pago y haberlo estado los ocho meses anteriores.
- Pedirla el inquilino.
No procede si las partes acuerdan otra cosa, si firman un contrato nuevo, si renuevan con una renta al menos un 5 % más baja o si el propietario comunica, en los plazos del art. 9.3 LAU, que necesita la vivienda para sí o para sus familiares por una causa real y acreditada, aunque el contrato no lo previera. Si el inquilino ya pidió una prórroga con el decreto de marzo (Real Decreto-ley 8/2026), esa solicitud sigue valiendo; cuando termine, una nueva se rige por el Real Decreto-ley 29/2026.
En Terrassa, declarada zona de mercado residencial tensionado, existe además la prórroga de hasta tres años del art. 10.3 LAU, que se aplica con preferencia sobre esta. Para usarla, el contrato tiene que terminar mientras la declaración esté vigente. La de Terrassa lo está hasta el 16 de marzo de 2027. La Generalitat acordó en 2026 prorrogar un año la declaración en los 118 municipios que siguen cumpliendo los requisitos; antes de tomar decisiones conviene comprobar si Terrassa está entre ellos.
Gastos, garantías y reparaciones
Estos cambios se aplican a los contratos firmados desde el 8 de octubre de 2026. En los anteriores hay que mirar la fecha y lo pactado: los firmados antes del 26 de mayo de 2023 se rigen, salvo en prórrogas y actualización de la renta, por la ley vigente cuando se firmaron (disposición transitoria cuarta de la Ley 12/2023).
- Gastos de inmobiliaria: los de gestión inmobiliaria y de formalización, preparación, novación o renovación del contrato no pueden repercutirse al inquilino «ni directa ni indirectamente» (art. 20 LAU).
- Tributos: los de la vivienda, como el IBI, no se pueden imponer al inquilino, salvo que sea él el obligado tributario.
- Seguro de impago: no se puede exigir al inquilino (art. 36.5 LAU). Las garantías adicionales a la fianza siguen limitadas a dos mensualidades, y a una en el alquiler temporal.
- Reparaciones necesarias: si hay un desperfecto que afecta a la habitabilidad, la seguridad o la salubridad, el inquilino puede pedir por escrito la reparación con un presupuesto razonable. El propietario tiene quince días naturales para aceptarlo, proponer otra solución o hacer la reparación. Si no responde o se niega sin justificación, el inquilino puede hacer la obra y descontar el importe, documentado, de las rentas futuras (art. 21.5 LAU).
- Fin del contrato: el estado de la vivienda debe constar en un documento firmado por los dos. Si no se firma o no recoge desperfectos, se presume, salvo prueba en contrario, que la vivienda se devolvió en buen estado (art. 36.7 LAU), algo clave para recuperar la fianza.
- Venta de la vivienda: el derecho del inquilino a comprarla con preferencia ya no se puede renunciar en el contrato. Se mantiene aunque se venda junto con otras viviendas, siempre que la suya sea jurídicamente individualizable, y la notificación debe indicar el precio que corresponde a esa vivienda (art. 25 LAU).
Alquiler de temporada y de habitaciones
El decreto crea el «arrendamiento de vivienda temporal», para quien está desplazado de su domicilio por una causa justificada. El contrato debe indicar la causa, que tiene que ser real y acreditable, con la carga de la prueba sobre el propietario. Debe durar más de 31 días y, por regla general, no más de doce meses. Si falta la causa, si se superan los doce meses sin justificación o si se encadenan más de dos contratos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, pasa a regirse por las normas de la vivienda habitual (arts. 7.2 y 9 bis LAU). En los alquileres de habitaciones, la suma de las rentas no puede superar la de la vivienda completa (art. 17.9 LAU). Los contratos de temporada firmados antes del 8 de octubre de 2026 siguen con su régimen anterior hasta que termina el plazo pactado, y entonces se extinguen sin prórroga (disposición transitoria octava LAU).
Estas reglas se aplican sin perjuicio de la normativa que dicten las comunidades autónomas (disposición adicional duodécima LAU). En Cataluña hay que tenerla en cuenta: lo explicamos en nuestra guía sobre el alquiler de temporada en Cataluña.
Desahucios por impago
- Pago por la Administración. En un desahucio por impago, si se acredita que el inquilino está en situación de vulnerabilidad económica, se comunica a la Administración, que tiene dos meses para ofrecerle una alternativa habitacional adecuada o para pagar o consignar todo lo reclamado, lo devengado hasta ese momento y las costas. Durante ese plazo el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento quedan suspendidos. Si paga, el procedimiento termina y el contrato sigue. Si pasan los dos meses sin alternativa ni pago, la Administración queda subrogada en la deuda, no hay lanzamiento y el contrato sigue hasta su fin mientras dure la vulnerabilidad (art. 22.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
- Suspensión. Hasta el 31 de diciembre de 2030, en los casos en que no se aplica lo anterior, si el inquilino es vulnerable, no tiene alternativa habitacional y la Administración no se la ofrece, el juzgado pide informe a la Administración y, si no hay respuesta o no tiene recursos, suspende el proceso. La suspensión se revisa cada doce meses y dura como máximo tres años. En su auto, el juzgado fija que la Administración compense al propietario persona física (o a la entidad dedicada al alquiler asequible o social), como máximo, por las rentas dejadas de cobrar, los suministros impagados y las costas. El inquilino sigue obligado a pagar la renta (art. 2.2 del Real Decreto-ley 29/2026).
- Pequeños propietarios. No procede la suspensión si el juzgado aprecia que debe prevalecer la vulnerabilidad del propietario, salvo que sea una persona jurídica o un gran tenedor. El decreto prevé también que no prevalezca la vulnerabilidad del inquilino cuando el demandante es una persona física con dos viviendas o menos. Cómo lo aplicarán los juzgados está por ver (art. 2.2).
Las nuevas reglas se aplican también a los procesos en curso en los que no se haya practicado el lanzamiento: el inquilino puede pedir la suspensión del art. 2 aunque ya se hubiera resuelto o agotado la suspensión anterior por vulnerabilidad. Si tienes un procedimiento en marcha, conviene revisarlo. Lo explicamos con más detalle en nuestra guía sobre el desahucio por impago en Terrassa.
Otras medidas
El decreto incluye también cambios fiscales para quien alquila o vende una vivienda: reducciones del IRPF por alquiler, IVA, plusvalía municipal y recargos del IBI a viviendas vacías (estos últimos, solo si el ayuntamiento los aprueba en su ordenanza). Tienen fechas de efecto distintas: algunos desde la entrada en vigor del decreto y otros desde el 1 de diciembre de 2026 o el 1 de enero de 2027. Si eres propietario, conviene revisarlos con tu asesor fiscal antes de firmar o renovar.
¿Te afecta el decreto de vivienda?
En Asesoría Amela revisamos tu contrato, la subida aplicable, si te corresponde alguna prórroga y, si hay un procedimiento, cómo te afectan las nuevas reglas. Pide cita previa en Av. de Béjar, 45 o en C/ Bartrina, 240.
Antes de firmar unas arras, una compraventa o un alquiler en Terrassa, conviene que un abogado revise el contrato. Pide cita presencial en nuestras sedes.
Abogados de derecho inmobiliario en Terrassa →Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Me pueden subir el alquiler más de un 2 % en 2027?
Hasta el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el límite del sistema estatal de índices de precios de referencia no puede subir nada. En los demás casos, la subida es la que pacten de nuevo las partes y, si no hay un nuevo pacto, no puede superar el 2 % (disposición final sexta del Real Decreto-ley 29/2026). El art. 18.1 LAU fija además, «en todo caso», el tope del índice IRAV.
¿Sigue vigente la prórroga de cinco años del alquiler?
No. Esa prórroga, con un preaviso de seis meses y una indemnización si el propietario no renovaba, estaba en el Real Decreto-ley 28/2026, que iba a entrar en vigor el 15 de noviembre de 2026 y fue derogado el 12 de noviembre. Nunca llegó a aplicarse.
¿Quién puede pedir la prórroga extraordinaria de dos años?
El inquilino de vivienda habitual con un contrato vigente el 8 de octubre de 2026 cuya prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028, o cuya prórroga tácita o tácita reconducción esté terminando, siempre que esté al corriente de pago y lo haya estado los ocho meses anteriores. Tiene que pedirla él. El propietario puede oponerse si necesita la vivienda para sí o para sus familiares, comunicándolo en los plazos del art. 9.3 LAU.
¿Puede el propietario cobrarme los gastos de la inmobiliaria o el IBI?
Depende de la fecha del contrato. En los firmados desde el 8 de octubre de 2026, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización no pueden repercutirse al inquilino, los tributos de la vivienda tampoco (salvo que el inquilino sea el obligado tributario) y no se le puede exigir un seguro de impago (artículos 20 y 36.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). Los gastos de inmobiliaria ya corrían a cargo del propietario en los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023. En los contratos anteriores hay que revisar lo que se pactó.
¿Cambia algo en los desahucios por impago?
Sí. Si el inquilino acredita que es vulnerable económicamente, la Administración tiene dos meses para ofrecerle una alternativa habitacional o pagar la deuda. Mientras tanto el proceso se suspende, y si no hace ninguna de las dos cosas asume la deuda y no hay lanzamiento. Además, hasta el 31 de diciembre de 2030 hay otros supuestos de suspensión, con un máximo de tres años y con matices cuando el propietario es una persona física con dos viviendas o menos.