Canal de Denuncias en Cataluña y Terrassa | Ley 2/2023

Si diriges una empresa o te encargas del cumplimiento normativo en Cataluña, y en particular en Terrassa, este artículo te interesa.

En Asesoría Amela, despacho de Terrassa fundado en 1999, repasamos una de las normas más relevantes para el tejido empresarial de nuestra comarca: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta regulación establece la obligatoriedad de implementar un Canal de Denuncias interno seguro y confidencial.

Para asesorar a la dirección corporativa y adecuar los protocolos laborales y disciplinarios, nuestros abogados laboralistas en Terrassa analizan la estructura de plantilla, los canales de tramitación y las garantías de confidencialidad.

La Ley 2/2023: Un Giro en la Cultura Empresarial y la Transparencia

La Ley 2/2023 marca un antes y un después en la forma en que las organizaciones deben gestionar la información sobre posibles infracciones. No se trata de una mera formalidad, sino de la institucionalización de un sistema interno de información (comúnmente conocido como Canal de Denuncias) que busca fomentar una cultura de transparencia, integridad y responsabilidad.

Origen y Finalidad: La Directiva (UE) 2019/1937 y la Protección del Informante

El nacimiento de esta ley tiene su raíz en la necesidad de armonizar la protección de los informantes (whistleblowers) a nivel europeo. La Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, surgió ante la constatación de que las personas que denuncian irregularidades en el ámbito laboral o público son a menudo objeto de represalias, lo que disuade la revelación de ilícitos que podrían tener un grave impacto social o económico. La Ley 2/2023 persigue, por tanto, un doble objetivo:

• Proteger al informante: Permitiendo comunicaciones anónimas o, si se identifica, protegiendo la confidencialidad de su identidad y su indemnidad frente a represalias y ofreciéndole un entorno seguro para comunicar infracciones.
• Fomentar la detección temprana de infracciones: Permitir que las organizaciones identifiquen y corrijan conductas irregulares antes de que escalen o generen daños mayores, tanto a nivel interno como externo.

Esta es una oportunidad para las empresas de Terrassa de proteger su reputación y reforzar su compromiso ético.

Sujetos Obligados: ¿Afecta a tu Empresa en Cataluña?

Una de las preguntas más recurrentes es: ¿mi empresa está obligada a implementar este canal? La respuesta de la Ley 2/2023 es clara y abarca un amplio espectro de entidades:

• Entidades del sector público: Aquí se incluyen todas las Administraciones Públicas, organismos y entidades vinculados o dependientes, universidades públicas, corporaciones de derecho público, etc. Los municipios de menos de 10.000 habitantes también están obligados, pero pueden compartir el sistema con otras administraciones.
• Empresas del sector privado con 50 o más trabajadores: Este es el grupo más numeroso y el que más impacto tiene en el tejido empresarial de Terrassa. La ley se refiere a las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores.
• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por ellos: Siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
• Ciertas empresas con menos de 50 trabajadores: Las que entran en el ámbito de las normas europeas sobre servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, sea cual sea su plantilla. Las demás pueden implantarlo de forma voluntaria, con los mismos requisitos.

Es fundamental que cada entidad en Cataluña evalúe su situación. En los grupos de empresas, la sociedad dominante aprueba una política general y el sistema interno de información puede ser uno para todo el grupo. Además, las empresas de 50 a 249 trabajadores pueden compartir entre sí el sistema y los recursos para gestionarlo.

Claves para una Implementación Efectiva en tu Empresa de Terrassa

Implementar un Canal de Denuncias no es simplemente instalar un buzón. Requiere una estrategia bien definida, el cumplimiento de estrictos requisitos legales y un compromiso real de la dirección.

Más Allá de la Obligación: Beneficios y Riesgos de No Implementar

Aunque la obligatoriedad es el motor principal, es vital entender que un sistema interno de información bien gestionado aporta beneficios tangibles:

• Prevención de Delitos y Fraudes: Actúa como un mecanismo de alerta temprana, permitiendo detectar y corregir irregularidades antes de que se conviertan en problemas mayores.
• Mejora de la Reputación y la Confianza: Transmite una imagen de transparencia y compromiso ético a empleados, clientes, inversores y la sociedad.
• Reducción de Riesgos Legales y Económicos: Un sistema eficaz forma parte de los modelos de prevención de delitos que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y evita las sanciones de la Ley 2/2023.
• Mejora del Clima Laboral: Los empleados se sienten más seguros al saber que existe un canal para expresar preocupaciones de manera protegida.

Por el contrario, la inacción o una implementación deficiente acarrea riesgos significativos, desde multas hasta daños irreparables en la reputación corporativa.

Componentes Esenciales de un Sistema Interno de Información

La Ley 2/2023 detalla los requisitos que debe cumplir el sistema:

• Diseño y Gestión Independiente: El canal debe permitir la presentación de informaciones por escrito o verbalmente. La gestión debe ser independiente y autónoma, con un Responsable del Sistema designado por el órgano de administración (una persona física o un órgano colegiado), y la recepción de informaciones puede encargarse a un tercero externo que ofrezca garantías de independencia y confidencialidad.
• Confidencialidad: La identidad del informante debe ser confidencial y solo podrá comunicarse a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.
• Acuse de Recibo y Plazos de Respuesta: Se debe acusar recibo de la información en un plazo de siete días naturales. La respuesta a las actuaciones de investigación no puede superar los tres meses desde la recepción, ampliables hasta otros tres en casos de especial complejidad.
• Protección del Informante: Es el pilar de la ley. Se prohíben expresamente las represalias de cualquier tipo (despidos, degradaciones, acoso, denegación de ascensos, etc.) contra quienes informen con motivos razonables para pensar que la información es veraz.
• Garantías Procesales: Derecho a la presunción de inocencia, al honor, a la defensa y a la privacidad de las personas afectadas por la información.
• Canal Externo de Denuncias: Además del canal interno, los informantes pueden acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., creada por la propia ley, o a la autoridad autonómica competente, ya sea directamente o después de haber usado el canal interno.

Fases de Implementación: Un Roadmap para Pymes en Terrassa

Desde Asesoría Amela, diseñamos un proceso integral para la implementación:

1. Diagnóstico y Análisis: Evaluación de la estructura y riesgos de la empresa.
2. Diseño del Sistema: Creación de un canal seguro y accesible, garantizando la confidencialidad y la independencia.
3. Elaboración de la Política y Procedimiento: Redacción de una política clara y un procedimiento interno que establezca cómo se recibirán, gestionarán e investigarán las denuncias.
4. Formación del Personal: Capacitación a empleados y directivos sobre el uso del canal y la importancia de la ley.
5. Gestión y Mantenimiento: Supervisión continua del canal, archivo de las denuncias y adaptación a posibles cambios normativos.

Sanciones y Riesgos de Incumplimiento: El Coste de la Inacción

La Ley 2/2023 no solo establece obligaciones, sino que también articula un régimen sancionador robusto y disuasorio.

Consecuencias Legales y Reputacionales en Cataluña

El incumplimiento de la Ley 2/2023 puede acarrear graves consecuencias, no solo económicas, sino también para la imagen y la operativa de la empresa:

• Sanciones Administrativas: Multas considerables que varían en función de la gravedad de la infracción.
• Daño Reputacional: La falta de un canal de denuncias o una gestión deficiente puede generar una percepción negativa en el mercado, clientes y empleados.
• Pérdida de Oportunidades de Negocio: En el contexto actual, cada vez más empresas exigen a sus socios y proveedores un compromiso ético y la existencia de canales de cumplimiento.

Cuantía de las Multas: Un Desincentivo Potente

Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y varían significativamente:

• Infracciones Leves: Multas de 1.001 a 10.000 euros para personas físicas y hasta 100.000 euros para personas jurídicas.
• Infracciones Graves: Multas de entre 10.001 y 30.000 euros para personas físicas y de entre 100.001 y 600.000 euros para personas jurídicas.
• Infracciones Muy Graves: Multas de entre 30.001 y 300.000 euros para personas físicas y de entre 600.001 y 1.000.000 de euros para personas jurídicas.

No tener el sistema interno de información es una infracción muy grave. En las infracciones muy graves, además de la multa, la Autoridad Independiente de Protección del Informante puede acordar la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante un máximo de tres años.

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Es importante recordar que la implementación de un canal de denuncias robusto es, de hecho, una pieza clave en la prevención de delitos corporativos y, por ende, una herramienta fundamental para mitigar la responsabilidad penal de la persona jurídica, un área donde conviene contar con un abogado penalista en Terrassa. El Código Penal exige que los modelos de prevención de delitos (compliance penal) impongan la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilarlos.

El Rol del Abogado Especialista en Terrassa: Asesoramiento Experto para la Adaptación y el Cumplimiento

Ante este panorama, la figura de un abogado con experiencia en cumplimiento normativo y derecho penal económico es fundamental.

¿Por Qué Confiar en Asesoría Amela?

Asesoría Amela lleva más de 25 años de ejercicio en Terrassa. Conocemos el marco legal y las necesidades del empresariado de Terrassa y Cataluña, y te ofrecemos un asesoramiento práctico y adaptado a tu empresa.

Servicios Ofrecidos: Desde el Diseño a la Gestión Integral

Ofrecemos un servicio integral para la adaptación a la Ley 2/2023, que incluye:

• Análisis de la situación actual de tu empresa y determinación de las obligaciones.
• Diseño e implementación de un Canal de Denuncias interno a medida, seguro y conforme a la normativa.
• Redacción de la política interna y el procedimiento de gestión de denuncias.
• Formación al personal y al responsable del sistema interno de información.
• Asesoramiento continuado y, si lo necesitas, gestión externalizada de la recepción de informaciones, con garantías de independencia y confidencialidad.
• Defensa jurídica en caso de procedimientos administrativos o judiciales derivados de incumplimientos.

A continuación, presentamos un resumen de las principales obligaciones y plazos:

La Ley 2/2023 no es solo una norma, es una inversión en la integridad de tu empresa y en la seguridad jurídica de sus operaciones. En Asesoría Amela te ayudamos a convertir esta obligación en una ventaja competitiva.

La adaptación a la Ley 2/2023 es una cuestión de cumplimiento legal, pero también de visión estratégica. Adelantarse a los riesgos y establecer mecanismos de control internos sólidos es la mejor política de prevención para cualquier empresa en el entorno actual. No esperes a que una sanción o un problema reputacional te obliguen a actuar. Anticiparte es tu mejor defensa.

Si tu empresa necesita adaptarse a esta normativa o buscas asesoramiento jurídico, contacta con nuestro despacho de Asesoría Amela en Terrassa. Puedes llamarnos al 937 358 159 o al 936 738 142, escribirnos por WhatsApp al 610 433 259 o a amelatag@gmail.com, o visitarnos con cita en Av. de Béjar, 45 o en C/ Bartrina, 240 (Terrassa). La primera consulta es de pago; si decides encargarnos el trabajo, te damos un presupuesto adaptado a tu caso, recogido en la hoja de encargo.

Preguntas Frecuentes sobre la Novedad Legal