¿Cuáles son las fuentes del derecho? Aquí te explicamos

¿QUÉ SON LAS FUENTES DEL DERECHO? Son los modos en que nacen y se manifiestan las normas jurídicas que nos obligan a todos. En España, el punto de partida es el artículo 1.1 del Código Civil: «Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho». A esta lista se suman la jurisprudencia, que complementa el ordenamiento, y los tratados internacionales, que se integran en él cuando se publican oficialmente. Y todo ello, siempre por debajo de la Constitución.

I. LA CONSTITUCIÓN Y LA JERARQUÍA NORMATIVA

La Constitución de 1978 es la norma suprema: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), y la propia Constitución consagra el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). La consecuencia práctica la recoge el artículo 1.2 del Código Civil: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Por eso un reglamento no puede ir contra una ley, ni una ley contra la Constitución.

II. LAS FUENTES DEL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO CIVIL

a) La ley. Es la fuente principal. En sentido amplio incluye toda norma escrita dictada por el órgano competente: las leyes orgánicas y ordinarias de las Cortes Generales, las normas del Gobierno con rango de ley (decretos legislativos y decretos-leyes), las leyes de los parlamentos autonómicos en su ámbito de competencias y, por debajo de todas ellas, los reglamentos. Para que una ley obligue debe publicarse: salvo que disponga otra cosa, entra en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 2.1 CC).

b) La costumbre. Es la norma que nace de la repetición de una conducta en una comunidad con la convicción de que es obligatoria. Según el artículo 1.3 del Código Civil, solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada; quien la alega tiene que demostrar que existe. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad también tienen la consideración de costumbre.

c) Los principios generales del derecho. Se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC). Es decir, cumplen una doble función: llenan las lagunas cuando no hay norma aplicable y, al mismo tiempo, inspiran y orientan la interpretación de todas las demás. Un ejemplo es la buena fe: el artículo 7.1 del Código Civil exige que los derechos se ejerciten conforme a sus exigencias.

III. LAS FUENTES QUE COMPLEMENTAN EL SISTEMA

d) La jurisprudencia. No crea normas como lo hace el legislador, pero complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC). Por eso, cuando el Supremo resuelve de forma reiterada en un mismo sentido, su criterio orienta al resto de juzgados y tribunales.

e) Los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (art. 96.1 CE); hasta entonces sus normas no son de aplicación directa (art. 1.5 CC). Además, la Constitución permite atribuir a organizaciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de ella (art. 93 CE), que es la vía por la que el derecho de la Unión Europea forma parte de nuestro sistema.

f) La doctrina. Las opiniones y los estudios de los juristas no son fuente del derecho ni obligan a los tribunales, aunque influyen de forma notable en el legislador y en la manera en que se interpretan las normas.

Cerrando el sistema, los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (art. 1.7 CC). Y para interpretar las normas, el artículo 3.1 del Código Civil manda atender al sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.

IV. LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL EN CATALUÑA

La Constitución reserva al Estado la determinación de las fuentes del derecho, pero «con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial» (art. 149.1.8.ª CE), y el Estatut d’Autonomia atribuye a la Generalitat la determinación del sistema de fuentes del derecho civil de Cataluña (art. 129). En aplicación de ello, el artículo 111-1 del Codi civil de Catalunya establece que el derecho civil catalán está constituido por las disposiciones del propio Código, las demás leyes del Parlament en materia de derecho civil, las costumbres y los principios generales del derecho propio, y que la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable.

Este derecho se interpreta e integra de acuerdo con los principios generales que lo informan y tomando en consideración la tradición jurídica catalana, y deben tenerse en cuenta la jurisprudencia civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (art. 111-2 CCCat). Además, sus disposiciones se aplican con preferencia a cualesquiera otras: el derecho estatal solo rige como supletorio en la medida en que no se oponga a ellas ni a los principios generales que lo informan (art. 111-5 CCCat). Por eso, en Terrassa y en el resto de Cataluña, materias como las sucesiones, el régimen económico del matrimonio o la propiedad horizontal se resuelven en primer lugar con el Codi civil de Catalunya.

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