DSA y DMA: qué derechos tiene tu negocio ante las plataformas | Terrassa

Muchos comercios, restauradores, alojamientos y profesionales del Vallès dependen de grandes plataformas para llegar a sus clientes: venden en Amazon, se anuncian en Google o Instagram, reciben reservas por Booking. Cuando una de ellas retira un anuncio, oculta una ficha o cierra una cuenta, el negocio puede quedarse sin ventas de un día para otro.

La Unión Europea ha aprobado dos reglamentos que cambian esa relación: el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). En Asesoría Amela hemos preparado esta guía para explicar a quién obligan, qué derechos dan a las empresas que usan las plataformas y en qué punto está su aplicación en España.

Dos reglamentos europeos de aplicación directa

A diferencia de una directiva, un reglamento europeo se aplica directamente en todos los Estados, sin necesidad de una ley española que lo incorpore.

• El Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales, se aplica en su totalidad desde el 17 de febrero de 2024. Regula a los prestadores de servicios intermediarios: proveedores de acceso, alojamiento de datos, plataformas en línea (redes sociales, marketplaces, tiendas de aplicaciones) y motores de búsqueda.
• El Reglamento (UE) 2022/1925, de Mercados Digitales, se aplica desde el 2 de mayo de 2023. Solo impone obligaciones a las grandes empresas que la Comisión Europea designa como guardianes de acceso (en inglés, gatekeepers).

A estas dos normas se suma el Reglamento (UE) 2019/1150, aplicable desde el 12 de julio de 2020, que protege específicamente a los usuarios profesionales de los servicios de intermediación en línea, es decir, a las empresas que venden u ofrecen sus servicios a través de una plataforma.

¿La DSA obliga a mi empresa?

La DSA no se aplica a cualquier negocio con página web. Obliga a quien presta un servicio intermediario, es decir, a quien transmite o almacena información que le facilitan otros. Una tienda online que vende sus propios productos, un despacho con su web o un restaurante con su carta en internet no son prestadores intermediarios por ese motivo. Sí lo son, por ejemplo, un marketplace en el que venden terceros, un portal de anuncios, un foro o una empresa de alojamiento web.

Las obligaciones son escalonadas:

• Todos los intermediarios deben incluir en sus condiciones generales las restricciones que aplican a los contenidos y cómo los moderan, en un lenguaje claro (artículo 14).
• Los servicios de alojamiento de datos deben tener un mecanismo electrónico para que cualquiera pueda denunciar contenidos ilícitos (artículo 16) y explicar sus motivos a quien sufra una restricción: retirada de contenido, suspensión de pagos, del servicio o de la cuenta (artículo 17).
• Las plataformas en línea deben ofrecer además un sistema interno de reclamaciones, no usar interfaces engañosas, identificar la publicidad y quién la paga, y no mostrar anuncios basados en perfiles elaborados con datos sensibles o, si saben que el usuario es menor, con sus datos personales (artículos 20 a 28).
• Los marketplaces deben identificar a los comerciantes antes de dejarles vender: nombre, dirección, teléfono, correo, documento de identificación, datos de la cuenta de pago, inscripción en el registro mercantil si la hay y un compromiso de vender solo productos conformes con el derecho de la Unión (artículo 30).
• Las plataformas y buscadores de muy gran tamaño, con 45 millones o más de usuarios activos al mes en la Unión, tienen obligaciones adicionales de evaluación de riesgos y auditoría, y los supervisa la Comisión Europea.

Las pequeñas plataformas tienen menos obligaciones

Las plataformas que son microempresas o pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio o un balance anual de hasta 10 millones de euros) quedan excluidas del sistema interno de reclamaciones, de las normas de publicidad y de las obligaciones propias de los marketplaces (artículos 19 y 29). Siguen obligadas, en cambio, a las normas comunes de todos los intermediarios y, si alojan contenidos, al mecanismo de denuncia y a la explicación de sus decisiones.

Qué puede hacer un negocio si una plataforma le retira un anuncio o le cierra la cuenta

Este es el punto que más interesa a la mayoría de las empresas, que no son prestadoras sino usuarias de las plataformas. Las normas europeas les dan estas herramientas:

• Derecho a una explicación. La plataforma debe comunicar los motivos claros y concretos de la retirada de un contenido, la suspensión de pagos o la suspensión o cierre de la cuenta (artículo 17 de la DSA). Si la empresa vende u ofrece sus servicios a través de la plataforma, el Reglamento 2019/1150 exige que la motivación se dé por escrito en un soporte duradero y, si se pone fin a todo el servicio, con al menos 30 días de antelación, salvo excepciones como los incumplimientos reiterados de las condiciones (artículo 4).
• Reclamación interna gratuita. Las plataformas en línea deben permitir reclamar por vía electrónica y sin coste contra esas decisiones durante al menos seis meses desde que se comunican (artículo 20 de la DSA).
• Resolución extrajudicial. Si la reclamación no prospera, se puede acudir a un órgano de resolución extrajudicial certificado en cualquier Estado de la Unión; la Comisión Europea publica la lista. Su decisión no es vinculante, es gratuita o de coste mínimo para el usuario y, si le da la razón, la plataforma paga los honorarios del órgano y los gastos razonables del usuario (artículo 21).
• Preaviso de los cambios de condiciones. Las plataformas de intermediación deben avisar a sus usuarios profesionales de los cambios en las condiciones generales con al menos 15 días de antelación (artículo 3 del Reglamento 2019/1150).
• Vía judicial e indemnización. Nada de lo anterior impide acudir a los tribunales, y la DSA reconoce el derecho a reclamar una indemnización por los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones (artículo 54).

Conviene guardar desde el primer momento las comunicaciones de la plataforma, capturas de la ficha o del anuncio retirado y los datos de ventas anteriores, porque serán la base de cualquier reclamación.

La DMA: obligaciones para los guardianes de acceso

La DMA solo se aplica a las empresas que la Comisión Europea designa como guardianes de acceso. Se presume que lo son, entre otros requisitos, cuando facturan en la Unión 7.500 millones de euros o más en cada uno de los tres últimos ejercicios o tienen una capitalización media de al menos 75.000 millones, y su servicio tiene al menos 45 millones de usuarios finales al mes y 10.000 usuarios profesionales al año en la Unión (artículo 3).

Entre las empresas designadas están Alphabet (Google Search, Google Maps, Google Shopping, Google Play, YouTube, Android, Chrome y su servicio de publicidad), Amazon (Marketplace y Amazon Advertising), Apple (App Store, iOS, iPadOS y Safari), Booking.com, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Meta Ads) y Microsoft (Windows y LinkedIn).

Algunas obligaciones afectan directamente a los negocios que trabajan con ellas:

• Libertad de precios. El guardián de acceso no puede impedir que una empresa ofrezca sus productos o servicios a precios o condiciones distintos en otras plataformas o en su propia web (artículo 5.3). Es lo que afecta, por ejemplo, a un hotel o un alojamiento que trabaja con Booking.
• Contacto con los propios clientes. Debe permitir, de forma gratuita, que la empresa comunique ofertas y contrate con los clientes que ha conseguido a través de la plataforma, también fuera de ella (artículo 5.4).
• Acceso a los datos. Debe dar a la empresa, si lo pide y de forma gratuita, acceso a los datos que genera su actividad en la plataforma (artículo 6.10).
• Condiciones equitativas de acceso a sus tiendas de aplicaciones, buscadores y redes sociales, con un mecanismo alternativo de resolución de litigios (artículo 6.12).

Aplica y sanciona la DMA la Comisión Europea, con multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial del ejercicio anterior, y hasta el 20 % si se repite la infracción.

En qué punto está la aplicación en España

Los dos reglamentos ya son obligatorios, pero la DSA necesita que cada Estado designe un coordinador de servicios digitales con competencias para supervisar a los prestadores establecidos en su territorio y fije el régimen de sanciones. Las multas que deben permitir esas leyes nacionales llegan hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial del prestador (artículo 52).

España designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinadora, pero no ha aprobado la ley que le atribuye todas las competencias ni el régimen sancionador. Por ese motivo, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo de 2025. El 14 de abril de 2026 el Congreso rechazó la proposición de ley que pretendía habilitar a la CNMC, y con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026 no habrá una nueva ley hasta que se forme el próximo Parlamento.

Esto no deja sin efecto los derechos de los usuarios: las obligaciones de las plataformas de explicar sus decisiones, tramitar reclamaciones y someterse a la resolución extrajudicial son exigibles y pueden hacerse valer ante los tribunales. Las plataformas y buscadores de muy gran tamaño, además, los supervisa directamente la Comisión Europea, que puede imponerles multas de hasta el 6 % de su volumen de negocios mundial.

Qué puede revisar hoy una empresa

• Si su web o su aplicación permite que terceros publiquen contenidos o vendan productos, comprobar si es un servicio de alojamiento o una plataforma en línea y qué obligaciones le corresponden según su tamaño.
• Si vende o se anuncia en plataformas, leer las condiciones generales de cada una, en especial los motivos de suspensión, y guardar los avisos de cambios.
• Ante una retirada o un cierre de cuenta, pedir los motivos, presentar la reclamación interna dentro de plazo y valorar la resolución extrajudicial.
• Revisar los contratos con las plataformas de reservas o de venta que impongan precios iguales en todos los canales.
• Recordar que, al margen de estos reglamentos, toda tienda online debe cumplir la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información, y la normativa de consumo: el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, en Cataluña, el Codi de consum (Ley 22/2010).

Preguntas frecuentes sobre la DSA y la DMA